Consulta pública para transponer la Quinta Directiva de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

El 12-11-2018, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha publicado para su consulta pública la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para adecuarla a los contenidos de la Directiva 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (conocida como Quinta Directiva).

Adicionalmente, la consulta plantea aprovechar la transposición de la Quinta Directiva para valorar la inclusión de mejoras adicionales en la normativa y reforzar la efectividad de los mecanismos de prevención, con especial atención al desarrollo de las nuevas tecnologías y su potencial aplicación a la función de cumplimiento.

Los objetivos principales que persigue la futura actualización de la Ley 10/2010 son los siguientes:

• Revisión del contenido de los datos declarables en el fichero de titularidades financieras de las cajas de seguridad.
• Determinación de la estructura y funcionamiento de la base o registro de titulares reales, en lo relativo a trusts o figuras análogas y personas jurídicas.
• Regulación de nuevos sectores, así como la definición de nuevos sujetos obligados, como los proveedores de servicios de cambio de criptomonedas a moneda fiduciaria y los proveedores de servicios de custodia de claves privadas (los popularmente conocidos como exchanges).
• Actualización de las normas sobre protección de datos, para armonizar el contenido de la Ley 10/2010 a las nuevas disposiciones derivadas de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 General de protección de datos (conocido como RGPD).
• Revisión de los sistemas de identificación no presenciales y de firma electrónica.

En la consulta también se incluye la posibilidad de articular soluciones alternativas para conseguir los objetivos citados, entre los que destaca el relativo al sistema y características del registro o base de datos de titulares reales, relativo a personas jurídicas, en el que se solicita la opinión sobre las siguientes cuestiones:

1. propuestas sobre la fórmula más adecuada para su creación;
2. mecanismos para garantizar que la información es adecuada y veraz;
3. sistemas y plazos de actualización, y
4. condiciones y restricciones de acceso.

El plazo de la consulta pública finaliza el 27-11-2018 y el texto está disponible en el enlace de documentos vinculados.