El Parlamento y el Consejo de la UE aprueban las modificaciones de MiFID II conocidas como “Quick Fix

23-02-2021 — AR/2021/024

Las modificaciones aprobadas persiguen reducir la complejidad regulatoria y los costes de cumplimiento normativo de las empresas de servicios de inversión, y eliminar las distorsiones de la competencia, siempre que, al mismo tiempo, se preste suficiente atención a la protección de los inversores.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han aprobado, el 16-2-2021, una directiva1 que modifica MiFID II y las directivas de empresas de servicios de inversión, para rebajar ciertos requisitos con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19.

Esta modificación normativa es conocida como «Quick Fix».

Intención general

Las modificaciones aprobadas persiguen:

  • reducir la complejidad regulatoria y los costes del cumplimiento normativo de las empresas de servicios de inversión, y
  • eliminar las distorsiones de la competencia, siempre que, al mismo tiempo, se preste suficiente atención a la protección de los inversores.

Principales modificaciones

Las resumimos a continuación:

  1. Exenciones de los requisitos sobre gobernanza de productos. Se añaden a ellas dos más:
    • cuando el servicio de inversión se refiera a bonos sin más derivados implícitos que una cláusula de reintegración, y
    • cuando los instrumentos financieros se comercialicen o distribuyan exclusivamente entre contrapartes elegibles.
  2. Entrega previa de información sobre costes y gastos:
    • Se podrá entregar esta información sin demora tras concluir la operación, cuando se utilice un medio de comunicación a distancia para la distribución de instrumentos financieros que impida su entrega previa.
  3. Envío de la información exigida en formato electrónico:
    • Se debe entregar con este formato, salvo cuando el cliente o cliente potencial sea un cliente minorista y solicite recibirla en papel, que se le facilitará en este formato gratuitamente.
  4. Obligaciones de unbundling (separación de costes de análisis y ejecución):
    • No será necesario cumplir con ellas cuando, entre otros requisitos, el análisis se refiera a emisores cuya capitalización bursátil durante el período de treinta y seis meses naturales anteriores no haya sido superior a 1.000 millones de euros.
  5. Análisis de costes y beneficios:
    • En casos de recomendaciones de inversión de venta y compra simultáneas, se añade la obligación de comunicar al cliente si los beneficios del cambio son superiores a los costes que ese cambio lleva aparejados o no.
  6. Publicación de los datos sobre la calidad de la ejecución de las operaciones y el centro de ejecución de la orden:
    • Se exime de estas obligaciones a los centros de ejecución y las empresas de servicios de inversión durante dos años, desde la entrada en vigor de esta directiva.
    • Durante este período, la Comisión revisará exhaustivamente estas obligaciones para valorar su adecuación.
  7. Obligaciones de información cuando el cliente al que se prestan los servicios de inversión sea profesional o contraparte elegible:
    • Se rebajan estas obligaciones, y se eliminan otras cuando se le considere profesional o contraparte elegible.
  8. Exenciones de la autorización como empresa de servicios de inversión:
    • Se aclara esta exención cuando se trate de personas que negocian profesionalmente con derivados sobre materias primas o derechos de emisión o derivados sobre estos, cuando su actividad de negociación sea auxiliar con respecto a su actividad principal.
    • Asimismo, se prevé un desarrollo por la ESMA de normas que permitan fijar los límites de posiciones sobre determinados derivados.

La directiva aprobada está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Se prevé que los Estados transpongan esta directiva a su ordenamiento jurídico en un plazo de 9 meses y empiecen a aplicarla a los 12 meses de la entrada en vigor.


1 Directiva (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2021, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las empresas de servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19.