El Tesoro informa de las sanciones del 2025 por incumplir las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales 

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional ha publicado, el 2-6-2026, en la web del Tesoro Público, un resumen de las sanciones y otras medidas administrativas impuestas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en 2025.

Este organismo, como supervisor encargado, y su servicio ejecutivo (el SEPBLAC), como la unidad de inteligencia financiera, son los responsables en España de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Resumimos las cuestiones más relevantes del informe publicado.

Sanciones y requerimientos

Este organismo, en 2025:

• ha impuesto sanciones por 12,8 millones de euros a entidades obligadas por incumplimientos en la PBCyFT, y
• ha emitido 38 requerimientos de subsanación de las deficiencias detectadas en las obligaciones de diligencia debida, información y control interno.

Análisis de los incumplimientos sancionados

Incumplimientos por tipo de entidad

El número de sanciones firmes en vía administrativa fue de 51, de las que 6 han supuesto amonestación pública.

Todas las sanciones derivan de infracciones graves.

Los sectores más sancionados han sido:

• las entidades financieras (47 % del total),
• los profesionales inmobiliarios (22 %),
• los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual (18 %), y
• los despachos de abogados (13 %).

Incumplimientos por tipo de obligación

Las infracciones más frecuentes se concentran en los aspectos siguientes:

1. Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, consistente en:
   • falta de procedimientos adecuados para comprobar la identidad del cliente y la documentación que se debe requerir;
   • falta de identificación e información del titular real y de documentación sobre la titularidad real de los fondos;
   • falta de comprobación de la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente y de la documentación económica justificativa;
   • falta de seguimiento continuo de determinadas transacciones por estar desactualizada la información de clientes, en particular, la comprobación de actividades económicas, y
   • falta de aplicación o aplicación deficiente de las medidas reforzadas de diligencia debida.
2. Incumplimiento de las obligaciones de información:
   • falta de activación de alertas y, en consecuencia, de realización y registro de los exámenes especiales;
   • falta de comunicación por indicio en los casos previstos en la ley o derivados de un examen especial, y
   • falta de atención a los requerimientos del supervisor.
3. Carencias en las medidas de control interno, como:
   • deficiencias en el procedimiento de comunicación interna de operaciones sospechosas por empleados y directivos;
   • deficiencias en el manual de PBCyFT, en la política de admisión de clientes, en modelos de clasificación del riesgo o en sistemas de alertas y medidas aplicables a agentes;
   • falta de órganos adecuados de control interno;
   • falta de realización del informe de experto externo.

Requerimientos

Los sectores que recibieron los 38 requerimientos de 2025 fueron:

• las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito (53 %),
• los profesionales independientes (18 %),
• los proveedores de servicios sobre activos virtuales (15 %), y
• el sector inmobiliario (9 %).

Los requerimientos emitidos están relacionados con:

• deficiencias en la identificación y verificación del titular real,
• la ausencia de procedimientos eficaces de evaluación de riesgos, y
• la formación del personal y los órganos de control interno.

El plazo medio de subsanación ha sido de 45 días hábiles.