Cálculo de la adecuación de una empresa a la taxonomía de sostenibilidad, aplicación de la normativa y PIAS

Aplicación de la taxonomía y el principio de no hacer daño significativo a los productos sostenibles conforme al reglamento de divulgación

Como hemos comentado anteriormente, las inversiones en empresas cuyas actividades estén alineadas con taxonomía, se considerarán inversiones sostenibles. Adicionalmente, también se considerarán inversiones sostenibles las realizadas en una actividad económica que contribuyan a un objetivo:

• medioambiental, medido, por ejemplo, con indicadores clave de eficiencia de recursos sobre el uso de la energía, de la energía renovable, del consumo de materias primas, agua y suelo, de la producción de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero, de impacto sobre la biodiversidad y la economía circular, o
• social y, en particular, toda inversión que contribuya a luchar contra la desigualdad, que refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o toda inversión en capital humano o en comunidades económica o socialmente desfavorecidas.

Adicionalmente, las inversiones sostenibles que se incluyan en los productos según el artículo 8 o el 9 deben asegurar que: (i) las inversiones no perjudiquen significativamente a ninguno de estos objetivos medioambientales o sociales y, (ii) que las empresas beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza, en particular en lo que respecta a que sus estructuras de gestión, relaciones con los asalariados y remuneración del personal pertinente sean sanas y cumplan las obligaciones tributarias.

Diferencias entre el cálculo de las principales incidencias adversas en sostenibilidad con el principio de no causar daño significativo

Otro concepto clave en la construcción de productos sostenibles, especialmente si queremos que estos productos sean elegibles para clientes con preferencias de sostenibilidad según los nuevos requisitos de las modificaciones de MIFID II conocidas como “Green MiFID”, es la consideración de las principales incidencias adversas de sostenibilidad (PIAS), que según el reglamento de divulgación son “aquellas incidencias del asesoramiento y las decisiones de inversión que tengan efectos negativos sobre los factores de sostenibilidad”.

Estas PIAS son algo diferentes al principio de no perjudicar significativamente del reglamento de taxonomía que comentábamos anteriormente, ya que este se centra en los seis objetivos medioambientales, mientras que las principales incidencias adversas tienen un alcance más amplio, que va desde los indicadores medioambientales hasta los sociales y de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno. Por ejemplo, la diversidad de género en el consejo de administración es un indicador de principales incidencias adversas, pero no es una salvaguarda mínima para el principio de no causar daño significativo.

Para las principales incidencias adversas, el reglamento de divulgación determina que, el 30 de junio de cada año, los participantes en los mercados financieros deben publicar en su página web una declaración de la política de diligencia debida en relación con las principales incidencias adversas identificadas en el año natural anterior.

Para esa declaración, se distingue entre indicadores clave de rendimiento para la inversión en compañías (14 indicadores obligatorios), en deuda pública (2 obligatorios) y en activos inmobiliarios (2 obligatorios), que se definen en la normativa de desarrollo del reglamento de divulgación. Se requiere informar de esos indicadores obligatorios, más un indicador clave adicional ambiental, un indicador clave adicional social, ycualquier otro que se considere relevante.

Para hacerse una idea, son indicadores clave obligatorios para la inversión en compañías: emisiones en gases de efecto invernadero, huella de carbono, grado de intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, exposición en compañías activas en combustibles fósiles, ratio de residuos peligrosos, violación del pacto mundial de Naciones Unidas, diversidad de sexo en los miembros de las juntas directivas, desajustes de salario por sexo, o exposición a armas controvertidas.

Adicionalmente, a efectos de adaptar el producto a las preferencias de sostenibilidad de los clientes, las entidades pueden decidir tener en cuenta estas PIAS a nivel producto, es decir, medir estos indicadores a nivel de la cartera del producto concreto, y llevar a cabo una gestión adecuada de los mismos de acuerdo con su política de diligencia debida, y mediante mecanismos como los criterios de exclusión, para evitar la inversión en determinadas actividades económicas  controvertidas, políticas de derecho a voto y de diálogo para tratar de influir en decisiones, cumplimiento de estándares internacionales en materia de sostenibilidad y la medición cuantitativa de las principales incidencias adversas que sean cuantificables.

Por tanto, como vemos, tanto el cálculo de la alineación con taxonomía de las inversiones, como el análisis de las principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad, está suponiendo un gran reto para las entidades, especialmente si tenemos que en muchos casos carecen de información fiable para realizar estos cálculos.