¿Cómo mejorar la participación de los inversores minoristas? Bruselas no tiene dudas

El 19 de marzo de 2025, la Comisión Europea hizo pública su comunicación a las autoridades europeas sobre la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés). Esta comunicación, entre otras cuestiones, recoge la estrategia que propone para fomentar la inversión minorista en el mercado de capitales.

De acuerdo con los datos publicados por la Comisión, hoy, aproximadamente 10 billones de euros de ahorro minorista de la Unión Europea (UE) se mantienen en depósitos bancarios, que, si bien son seguros, generan un rendimiento bajo en comparación con las inversiones en instrumentos financieros y desincentivan el ahorro a largo plazo por la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Estudios publicados por el Banco Central Europeo estiman que, si la UE tuviera ratios entre depósitos e inversiones similares a las de Estados Unidos, el 80 % debería trasladarse a inversión.

A raíz de la publicación de la SIU, numerosas asociaciones del sector financiero han declarado que la Estrategia de Inversión Minorista (RIS en siglas inglesas), como la conocemos hoy, podría resultar un obstáculo para el objetivo de aumentar la canalización del ahorro de los clientes minoristas a la inversión.

No obstante, para impulsar este cambio, en palabras de la Comisión, la RIS es un elemento central. De hecho, ya se han iniciado los pasos entre los trílogos para lograr un acuerdo definitivo.

¿Qué cambios esperamos que se aprueben y cómo afectarán a los inversores? Se plantean tres aspectos controvertidos principales: (i) la prohibición de incentivos en la distribución no asesorada de productos de inversión; (ii) la nueva definición del servicio de asesoramiento, y (iii) las nuevas obligaciones del “value for money”.

Respecto al primer punto, aunque la Comisión abogaba en su borrador por incluir una prohibición total de los incentivos cuando se distribuyen productos a través de un servicio no asesorado, tanto el Parlamento como el Consejo estimaron que el efecto de esa prohibición dificultaría el acceso de los inversores minoristas a productos financieros y generaría un efecto contrario al deseado. Esta ha sido también la conclusión a la que han llegado las principales asociaciones y representantes del sector financiero, por lo que es probable que acuerden un régimen que, como el actual, permita el cobro de incentivos en ciertos supuestos de mejora de la calidad del servicio. El debate, que parece que sigue abierto, es si valdrán reglas similares a las actuales para justificar ese cobro o se reforzarán con el conocido como “test de incentivos”.

Por otro lado, las tres autoridades europeas de supervisión coinciden en que el nivel de servicio que reciben muchos inversores minoristas en los modelos de asesoramiento financiero es bajo, y, por ello, que es necesario que este servicio se preste desde una visión global de la cartera, se tengan en cuenta una amplia gama de productos y se recomienden los más eficientes en términos de coste-beneficio. En definitiva, se trata de elevar el servicio que reciben los ahorradores de menor poder adquisitivo al nivel del que reciben los clientes de segmentos patrimoniales más altos.

Por último,  en cuanto a las obligaciones de “value for money”, el Parlamento y el Consejo quieren ser menos restrictivos que la Comisión en su propuesta original y es probable que, aunque la ESMA y la EIOPA (las autoridades europeas de valores y mercados, y de seguros y planes de jubilación) persistan en la necesidad de publicar benchmarks sobre el coste y la rentabilidad de los productos, los supervisores los usen solo con finalidad consultiva para identificar los productos con comisiones elevadas que no se justifiquen por su rentabilidad esperada. No obstante, con independencia del uso que tengan los “benchmarks”, tanto fábricas como distribuidores de productos financieros deberán contar con procedimientos internos para justificar la calidad y precio de los productos con comparaciones con otros. Las dudas se concentran en definir cómo deberán diseñarse esos procedimientos, el método de cálculo, la determinación de los grupos de comparación o el ámbito territorial de estos.

Tanto la Comisión, como informalmente el Parlamento y el Consejo, han manifestado su voluntad de que la RIS se aplique antes de que finalice el 2025, lo que impulsará importantes cambios antes del 2027, cuando la normativa entre en vigor.

Además de la RIS, la Comisión propone otras medidas que deberían implantar los Estados miembros en un plazo corto. Destacan, entre estas, las “cuentas de ahorro e inversión”. Ya hay ejemplos de este tipo de cuentas en algunos Estados miembros y en otros países fuera de la Unión. En esencia, son cuentas de ahorro fáciles de contratar, a las que se pueden incorporar productos financieros sencillos y de bajas comisiones, que permiten el traspaso entre entidades sin coste y que tienen incentivos fiscales.

Asimismo, la Comisión pretende dar un nuevo impulso a los fondos de pensiones de empleo (FPE) y al producto paneuropeo de pensión individual (conocido por las siglas inglesas PEPP), a fin de aumentar la participación de las pensiones complementarias para disponer de unos ingresos adecuados en la jubilación. Junto a estas medidas, la Comisión también aboga por aumentar la formación financiera y exige medidas a las autoridades nacionales y las de la Unión.

No obstante, el hecho de que no haya una armonización fiscal entre los Estados miembros genera una barrera importante para que las cuentas de ahorro e inversión, los FPE y los PEPP se conviertan en medidas efectivas para alcanzar estos objetivos en el corto plazo, lo que, de nuevo, pone a la RIS en el centro de la reforma.