Educación y asesoramiento como palanca para el crecimiento de la financiación al consumo

El crédito al consumo creció en la primera mitad del 2022 pese a la desaceleración por la COVID, la guerra de Ucrania y la inflación. El aumento en el primer semestre fue del 8 %, la concesión de préstamos antes del verano se disparó al 22 % y el índice de morosidad fue bueno, el 3,79 % en septiembre.

La financiación al consumo suele considerarse un buen indicador de la salud de la economía y, a pesar de la incertidumbre del pasado año, el consumo no se resintió y el crecimiento del negocio de la financiación permitía ser optimista.

Pero la situación ha cambiado en las últimas semanas. El año 2023 ha comenzado con la advertencia del FMI de que un tercio de la economía mundial entrará en recesión y con otra subida del euríbor que ha alcanzado el 3 %.

Los expertos confirman que las subidas seguirán durante el 2023 y, aunque se espera que los incrementos se moderen, la situación económica de las familias españolas empieza a verse afectada seriamente. No solo para los que tengan que revisar sus hipotecas —a muchos de ellos les supondrá al menos 150 euros más al mes en una hipoteca media—, sino en general para todos los ciudadanos, porque el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo reducen su capacidad para afrontar los gastos.

Las familias ya ajustan sus presupuestos, como lo demuestran el descenso de ventas en sectores como viajes o electrónica y la tendencia a la baja de financiar sus compras. A pesar de que en el último trimestre del 2022 los tipos de interés de un préstamo se contuvieron y no reflejaron realmente el coste del dinero (financiar un coche de ocasión en noviembre solo era 20 puntos básicos más caro que en enero), la intención de los clientes de financiar sus compras pasó del 53 % en julio al 51 % en octubre y la evolución continuó en descenso.

Como decíamos, la financiación al consumo nos sirve como termómetro de la salud económica y los datos indican que la situación no es buena. No hay que ser alarmista, pero, si echamos la vista atrás, nos encontramos en un punto de partida similar al de la crisis del 2008: con políticas restrictivas para frenar la inflación, el euríbor por encima del 3 % y una ratio de mora controlada, pero con visos de aumentar.

Y para no llegar a un escenario similar al de la crisis del 2008, en la que se alcanzaron ratios de mora por encima del 10 %, hay que tomar medidas y proteger a los ciudadanos. Cuando hablamos de protección no solo hay que centrarse en ayudas directas para reducir el precio de la cesta de la compra, sino en medidas estructurales enfocadas a la educación económica que ayude a las familias a conseguir una salud financiera sostenible a largo plazo.

El cliente que impaga, por lo general, no quiere incumplir su deuda, sino que no puede, y antepone otros gastos al pago de sus préstamos. Para evitarlo, es importante que los clientes que solicitan un préstamo sean conscientes de las obligaciones que firman y que se haga un análisis continuo de su situación económica más allá del momento de la contratación.

Con un entorno financiero y tecnológico cada vez más complejo, las entidades y el resto de actores implicados se han esforzado en ofrecer más alternativas de financiación y de pago aplazado con foco en la inmediatez de la respuesta en el momento de la compra. Sin embargo, muy pocos han puesto el mismo esfuerzo en usar sus medios para guiar y ofrecer a sus clientes asesoramiento en la solución de financiación que mejor se adapta a su situación real y a sus necesidades.

La Comisión Europea es consciente de que los consumidores necesitan medios que promuevan una financiación más transparente, y, por fin, se va a materializar un cambio de la Ley de Crédito al Consumo del 2008. En las propuestas del Parlamento y la Comisión, se aboga por la necesidad de adaptar la norma al nuevo contexto en el que la digitalización ha cambiado la manera en la que un cliente pide un préstamo, ha ampliado las alternativas para financiar y ha provocado la aparición de nuevos players, en ocasiones no regulados. Para ello, gran parte de las propuestas van dirigidas a la protección del consumidor y a informar, asesorar y educar financieramente al cliente para asegurar su salud crediticia tanto en la admisión como durante la vida del préstamo.

Aún hay que esperar a la transposición de la ley en los Estados miembros, pero las entidades financieras deberían estar trabajando desde este momento en implementar este tipo de medidas y apostar por la formación como una de las palancas de crecimiento con sus clientes.

De esta manera, se conseguiría que el cliente sea más consciente de sus obligaciones, que cambie el modelo de relación entre el prestamista y el prestador y que la relación entre cliente y asesor genere beneficio mutuo. Es decir, buscar el beneficio para el cliente porque logre conseguir sus metas y adquirir los productos y servicios que desee, pero cumpliendo siempre con sus cuotas y, para las entidades, gracias a una relación de confianza, que reduzca el impago y que propicie mayor contratación con el cliente, que derive en más vinculación y mayor rentabilidad.

En definitiva, la educación financiera puede ser un factor clave en situaciones de incertidumbre como la actual y las entidades no deberían esperar a los cambios regulatorios para incluirlas en sus estrategias de crecimiento. El cambio hacia un modelo de asesoramiento, también en el negocio de la financiación al consumo, producirá beneficios a clientes y entidades, y permitirá a estas diferenciarse de los nuevos actores digitales que buscan captar volumen a corto plazo sin preocuparse de crear relaciones duraderas de confianza con el cliente.