El sector financiero en transformación: principales cambios regulatorios para 2025

El sector financiero continúa afrontando una transformación sin precedentes, impulsada por avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, cambios en las expectativas de los consumidores y, sin duda, también por la incesante regulación.

En los últimos años, los cambios en la normativa que regulan este sector han sido constantes y todo apunta a que continuará así en 2025. Pero, además, hay que resaltar que, según avanza el tiempo, los objetivos de las normas cada vez son más complejos debido a la velocidad de las transformaciones tecnológicas, sociales y económicas, lo que exige una adaptación más rápida a la nueva realidad.

A continuación, resumimos los principales cambios regulatorios que se esperan para el 2025 y, seguramente, para los años siguientes:

Finanzas digitales

El reglamento MiCA es la norma estrella en este ámbito, el que más crece con el aumento de la digitalización de los servicios financieros y la transformación que experimenta.

Esta normativa regula por primera vez los criptoactivos y otros activos digitales que no se consideran instrumentos financieros. Su objetivo es proporcionar claridad jurídica y seguridad a los emisores y proveedores de criptoactivos, además de proteger a los inversores frente a los riesgos asociados.

MiCA incentivará la entrada de nuevos proveedores de servicios de criptoactivos y animará a las entidades financieras tradicionales, como entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, a ofrecer estos servicios. Esto se debe a que el reglamento les otorga una ventaja al establecer un procedimiento de autorización más rápido y sencillo para las entidades ya reguladas. Contar con una normativa común resulta esencial para eliminar las incertidumbres que han afectado a la operativa con criptoactivos.

Frente a las amenazas tecnológicas, en especial los ciberataques, contamos con el reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act), que entrará en vigor en enero de 2025.

Esta norma supone un paso decisivo en el afán de regular la infraestructura tecnológica de las entidades financieras. Tiene como objetivo que estas entidades alcancen un nivel común de resiliencia operativa digital y sean capaces de resistir, responder y recuperarse de incidentes operativos, especialmente los relacionados con ciberseguridad, junto con sus proveedores de servicios tecnológicos. La estandarización de las prácticas de ciberseguridad y la mejora en la transparencia pueden fortalecer la confianza del consumidor en los servicios financieros digitales.

En este ámbito, cabe destacar el Reglamento del ‘Régimen Piloto’, que crea un marco de exención aplicable a las infraestructuras de mercado basados en tecnologías de registro distribuido (TRD, o DLT por sus siglas en inglés), como la blockchain para permitir la negociación de instrumentos financieros basados en DLT. También son relevantes los tres reglamentos en trámite relacionados con el euro digital, que buscan proporcionar cobertura legal tanto a esta moneda virtual como al propio efectivo. Además, el futuro reglamento de pagos inmediatos aborda cuestiones clave, como la limitación de las comisiones asociadas a estos pagos.

Impulso a los mercados de capitales

Las autoridades europeas buscan diversificar las fuentes de financiación empresarial más allá del crédito bancario, promoviendo el desarrollo e integración de los mercados de capitales europeos. Este objetivo se materializa en un renovado impulso al proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales (“UMC”), con nuevas medidas para el sector.

Entre las prioridades de esta iniciativa, destacamos el apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de la aprobación del famoso paquete conocido como “Listing Act”, que abarca reformas de los reglamentos de folletos, de abuso de mercado, o de MiFIR. Asimismo, la intención de mejorar la regulación de los vehículos alternativos, como los fondos libres e inmobiliarios, o de los fondos de inversión a largo plazo europeos (los FILPE o ELTIF, por sus siglas en inglés).

La clave será encontrar un equilibrio entre la innovación, la adaptación del negocio y los costes y esfuerzos para cumplir con las nuevas normas, porque no adaptarse a los requerimientos regulatorios no es una opción

Protección al inversor minorista y al consumidor

En este ámbito encontramos toda una variedad de normas, pues la protección del cliente minorista siempre ha sido un foco primordial para los legisladores.

Destacamos el nuevo paquete de medidas conocido como RIS (siglas en inglés de Retail Investment Strategy) o Estrategia de Inversión Minorista, dirigido a proteger a los inversores minoristas, que introduce cambios relevantes en el actual régimen de fabricación y distribución de los productos de inversión y supondrá grandes esfuerzos de transformación en las entidades de relacionadas con el ahorro-inversión.

La creación de la nueva autoridad del cliente financiero, un proyecto de ley, que se aprobará previsiblemente a finales de este año, y que creará una autoridad especializada e independiente que englobará los servicios de reclamaciones, que hasta ahora gestionan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Hemos de citar, asimismo, la Ley de accesibilidad, que afecta a todas las entidades financieras y su objetivo, como su propio nombre hace referencia, es conseguir que los servicios y productos financieros sean más accesibles a las personas con limitaciones funcionales, que engloba a las que tienen una deficiencia física, mental o sensorial. Esta ley forzará a las entidades financieras, entre otras medidas, a adaptar y hacer más comprensible los documentos que entregan o con los que contratan con sus clientes.

Por último, resaltamos la nueva directiva de crédito al consumo, que busca regular mejor este tipo de créditos ante los cambios generados por los avances tecnológicos, la aparición de nuevos productos y la evolución del comportamiento de los consumidores.

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo

Como es obvio, el blanqueo de capitales es uno de los principales riesgos que afectan al sector financiero por las implicaciones legales, reputacionales y operativas que conlleva. Como respuesta a ello, se promulgó un nuevo paquete de reforma en este ámbito, compuesto por un “reglamento único” que propugna las mismas reglas en toda la UE, el reglamento que crea la nueva autoridad europea para esta cuestión (la AMLA) y la conocida como “Sexta Directiva” (o sexta actualización de la norma reguladora de la prevención de estos delitos). Además, forma parte de este paquete la denominada “travel rule”, que afecta a los proveedores de servicios con criptoactivos y regula la prevención del uso indebido de fondos y de determinadas transferencias de criptoactivos.

Como hemos visto en este breve repaso, las novedades regulatorias que afectarán al sector financiero en 2025 y años posteriores son diversos y, en algunos casos, supondrán un auténtico cambio de paradigma para las entidades y el sector.

La clave para estas entidades será encontrar un equilibrio entre el impulso hacia la innovación, la digitalización y la adaptación de los modelos de negocio, y los costes y esfuerzos necesarios para cumplir con las nuevas normas. Porque no adaptarse a los requerimientos regulatorios no es una opción.