Hacia una decisión de asesoramiento en los préstamos

Publicado en APD el 07-05-2024
07-05-2024 — CM/2024/053
La nueva Directiva (UE) 2023/22251 busca reforzar la protección del consumidor y evitar su sobrendeudamiento en el crédito al consumo. Para ello, ha creado un nuevo servicio, denominado “servicio de asesoramiento”, que ya es habitual en la inversión financiera o en los seguros.
El servicio de asesoramiento sobre crédito al consumo lo define la directiva como «todo asesoramiento personalizado a un consumidor con respecto a una o varias operaciones relativas a contratos de crédito y que constituya una actividad distinta de la concesión del crédito y de las actividades de intermediación de crédito».
La prestación de este servicio conlleva no sólo informar al cliente sobre las condiciones con que se presta, sino también indicar la gama de productos en la que se basa la recomendación (que debe ser suficientemente amplia) y evaluar la idoneidad del producto conforme a la situación financiera, las preferencias y los objetivos del consumidor con el contrato de crédito.
Pero no queda ahí la intención de proteger. También introduce el servicio de asesoramiento sobre deudas, que se contempla como «toda asistencia personalizada de carácter técnico, jurídico o psicológico prestada por operadores profesionales que no son, concretamente, prestamistas o intermediarios de crédito (…), compradores o administradores de créditos, en favor de aquellos consumidores que experimenten o puedan experimentar dificultades para cumplir sus compromisos financieros».
En resumen, las nuevas figuras que van a surgir a raíz de estas novedades normativas conllevarán que las entidades prestatarias reflexionen sobre cómo van a ofrecer sus productos de financiación, al consumo y con otros fines, teniendo en cuenta los nuevos requisitos y también esas nuevas figuras.
Los Estados miembros tienen hasta 2026 para aplicar las medidas previstas en la nueva directiva, pero el proceso de adaptación, que incluirá esas reflexiones, requiere que las entidades afectadas elaboren un plan de acción y dediquen tiempo y recursos a ajustarse a la nueva normativa.
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