Protección del denunciante

2021 — 2023

¿En qué normas se concreta esta iniciativa?

En la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como directiva de protección a los denunciantes (o whistleblowers), que protege a las personas que denuncien infracciones del Derecho de la UE. Esta nueva directiva obliga a crear canales de denuncia externos e internos y fija medidas de protección de los denunciantes.

¿Cuáles son las fechas clave?

La directiva entró en vigor el 16-12-2019, aunque los Estados miembros tienen de plazo hasta el 17-12-2021 para su efectiva transposición.

Además, la exigencia de establecer canales internos de denuncia en entidades privadas con 50 a 249 empleados será obligatoria a partir del 17-12-2023.

¿A qué entidades financieras afecta?

Afecta a todas las entidades financieras que cuenten con más de 50 trabajadores.

¿Cuáles son los principales efectos?

La directiva establece normas mínimas comunes para proteger a las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión. A menudo, en el ámbito laboral, surgen las primeras sospechas de infracciones perjudiciales para el interés público. Sin embargo, los denunciantes potenciales renuncian, con frecuencia, a informar de sus sospechas por temor a las represalias.

Ante esta realidad, la directiva pretende fomentar la denuncia de infracciones de la normativa y políticas europeas.

Para ello, define medidas de protección a los denunciantes (whistleblowers) y obliga a establecer y reforzar los canales de denuncias internos y externos, sin perjuicio de la aplicación de normas específicas sobre la denuncia de infracciones, como las de MIFID II, UCITS, AML IV y V, y MAR, que ya obligan a contar con estos mecanismos.

La nueva directiva prohíbe las represalias, entendidas como acciones u omisiones, directas o indirectas, en un contexto laboral, motivadas por una denuncia interna o externa o bien por una revelación pública y que causen o puedan causar perjuicios injustificados al denunciante.

Ante esta prohibición, la directiva obliga a los Estados miembros a dictar medidas de protección, como la exención de cualquier tipo de responsabilidad al denunciante de buena fe por el acceso a la información denunciada, siempre que el acceso en sí no constituya un delito, o aplicar medidas correctoras como la reintegración al puesto de trabajo. Asimismo, se establecen ciertas medidas de apoyo, como la asistencia jurídica, financiera y psicológica.


Para seguir la evolución de esta iniciativa, consultar el apartado de documentos vinculados.

Si desea más información, no dude en contactar con finReg360 por cualquiera de las vías disponibles (ver pie de página).