Environmental, social and governance - ESG

2020 — 2022

¿En qué normas se concreta esta iniciativa?

Es un conjunto de propuestas regulatorias sobre finanzas sostenibles que comenzaron a publicarse a raíz del Acuerdo de París de 2016 sobre cambio climático.

Tras este acuerdo, la Comisión Europea aprobó un plan de acción sobre esta materia en mayo de 2018 y en julio siguiente creó un grupo de expertos que lanzó una batería de propuestas regulatorias.

Los objetivos del plan son:

  1. reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles;
  2. integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en la gestión de riesgos, y
  3. fomentar la transparencia y las inversiones a largo plazo.

Para conseguir estos propósitos, se han aprobado ya las siguientes normas:

  1. El Reglamento 2019/2088 de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que obliga a las entidades a informar sobre la integración de los riesgos ESG y el análisis de incidencias adversas en los procesos de selección de inversiones y toma de decisiones de inversión, así como en el asesoramiento de productos financieros.
  2. El Reglamento 2019/2089 por el que se modifica el Reglamento 2016/1101 en lo relativo a índices de transición climática e índices armonizados con el Acuerdo de París, cuya finalidad es establecer un marco armonizado que asegure la precisión e integridad de las principales categorías de índices de bajo carbono utilizados en carteras individuales y colectivas.

Además, se está trabajando en el desarrollo de varias propuestas legislativas, aún pendientes de aprobar, entre las que destacan:

  1. Una propuesta de reglamento de taxonomía que establece criterios armonizados para determinar si una actividad es ambientalmente sostenible (de momento la propuesta solo se centra en criterios ambientales).
    • Este documento aún está pendiente de aprobación, pero ya se dispone del informe final y de un anexo técnico sobre la metodología y los criterios para evaluar si  las actividades realizadas por las empresas son o no sostenibles.
  2. Las modificaciones de las normas de desarrollo de la MiFID II y la IDD para que las entidades consideren las preferencias ESG de sus clientes en la evaluación de idoneidad cuando presten el servicio de asesoramiento y que emitan información pre y postcontractual sobre la integración de factores y riesgos ESG.
  3. Las adaptaciones de las normas de desarrollo de la directiva UCITS y la AIFMD, que afectarían a los procesos internos de las sociedades de gestión de fondos armonizados y alternativos, de forma que se asegure la integración ESG en la estructura organizativa, los procesos de inversión (due dilligence y selección de inversiones), la gestión de riesgos y otros controles internos.
  4. La revisión de la directiva sobre información no financiera con el objetivo de proporcionar a todas las partes interesadas datos completos y homogéneos sobre cómo inciden las actividades de una compañía en el medioambiente y en la sociedad, y cómo se tratan los potenciales riesgos de sostenibilidad.
  5. Se está desarrollando también la normativa que regula la denominada «ecoetiqueta», con la que se pretende promover los productos sostenibles. Igualmente, se está trabajando en los Green Bond Principles, que constituyen directrices voluntarias para promover la integridad en el desarrollo del mercado de los bonos verdes y aclarar cómo deben emitirse.

¿Cuáles son las fechas clave?

El reglamento de de índices de referencia entrará en vigor el 30 de abril de 2020 y el de divulgación,  el 10 de marzo de 2021.

Se espera que las propuestas legislativas pendientes se aprueben a lo largo de 2020, lo que apunta a que comenzarían a entrar en vigor durante  2021 y 2022.

¿A qué entidades financieras afecta?

A todas las entidades financieras en mayor o menor medida según la tipología de entidad, los productos que ofrezca y los servicios que preste.

¿Cuáles son los principales efectos?

Los efectos son múltiples. El plan de acción de la Comisión es muy ambicioso y va a exigir del sector financiero elevados costes y esfuerzos.

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para 2030 (incluida una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero), según la Comisión Europea, hay que cubrir un déficit de inversión estimado en 180.000 millones de euros al año, que se va a apoyar con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

El sector público no tiene capacidad para asumir por sí solo la magnitud de la inversión que supone este plan. Por eso, el sector privado tendrá que esforzarse en colaborar en la consecución de los objetivos propuestos y reorientar el capital privado hacia inversiones más sostenibles:

  • Los inversores institucionales y los gestores de activos deberán integrar los factores ESG, en sus procesos de gestión de riesgos.
  • Los bancos y empresas de servicios de inversión deberán tener en cuenta las preferencias ESG de sus clientes cuando asesoren sobre instrumentos financieros.
  • Las aseguradoras y distribuidores de seguros deberán igualmente recabar las preferencias ESG en la venta de productos de seguros.
  • Los gestores de índices deberán establecer criterios ESG y podrán lanzar índices de sostenibilidad.
  • Las gestoras de planes de pensiones deberán integrar criterios ESG al gestionar sus planes de pensiones de empleo.

En definitiva, esta iniciativa supondrá un cambio de gran calado en el enfoque de negocio de las entidades financieras y en su estrategia para diseñar productos y prestar servicios.

Todo ello requiere, a juicio de finReg, contar con un plan de seguimiento específico que permita detectar oportunidades y retos.


Para seguir la evolución de esta iniciativa, consultar el apartado de documentos vinculados.

Si desea más información, no dude en contactar con finReg360 por cualquiera de las vías disponibles (ver pie de página).

 

 

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