La taxonomía social tendrá que esperar

Publicado en Invertia el 08-12-2022

08-12-2022 — CM/2022/091

La sostenibilidad es, hoy, uno de los pilares de actuación de la Unión Europea, sobre todo en el ámbito financiero, en el que nunca habíamos observado una tendencia con un desarrollo tan rápido y un calado tan estructural como la normativa de finanzas sostenibles.

En este conjunto normativo, juega un papel fundamental la taxonomía para la sostenibilidad —especie de inventario de las actividades calificadas como sostenibles—, que se desarrolla en el Reglamento (UE) 2020/852.

Se concibió como una herramienta que facilitaría la inversión sostenible al identificar y definir, mediante el uso de criterios científicos, esas actividades, y su objetivo no es otro que proporcionar a las empresas, a los inversores y a los reguladores un “diccionario” único de actividades económicas sostenibles.

No obstante, hoy, la taxonomía cubre solo objetivos ambientales, y abarca dos de sus seis objetivos relacionados con el cambio climático, por lo que es previsible que se continúe desarrollando para contemplar los cuatro restantes —ya bastante retrasados— y para extenderla a la taxonomía social. En esta, ya se había visto algunos progresos, pero su tramitación ahora parece quedar en un segundo plano, como ha señalado Vincent Ingham, director de regulación de la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA), quién añade que la Comisión Europea «no ha adoptado una posición oficial», pero «parece que no darán prioridad a la taxonomía social» y que no habrá ningún movimiento durante varios años.

En respuesta a las preguntas sobre el estado de la taxonomía social, una portavoz dijo que la Comisión Europea publicaría un informe sobre las ventajas de ampliar la taxonomía para cubrir las cuestiones sociales «a su debido tiempo», y que mientras tanto «seguiría llevando a cabo otras iniciativas políticas que promuevan las inversiones con un impacto social positivo».

La Comisión Europea no ha confirmado oficialmente la medida, pero parece que las dificultades para acordar un marco conceptual y un sistema de medición que funcionen en la Unión Europea y en el resto del mundo han conllevado que deje de ser una prioridad en la agenda legislativa de la Unión Europea.

En este sentido, Bianca Polidoro, directora de políticas y asociaciones de la Unión Europea en la European Venture Philanthropy Association y miembro del Grupo de Expertos en Economía Social y Empresas Sociales de la Comisión Europea, ha señalado, en declaraciones a Impact Investor, que parecía haber una falta de voluntad dentro de la Comisión para impulsar la creación de un sistema de clasificación y que «necesitamos más coordinación entre las diferentes Direcciones Generales a nivel de la Comisión Europea para avanzar en una taxonomía social».

Uno de los principales escollos para avanzar es que, mientras que los objetivos y criterios medioambientales pueden basarse en datos empíricos, como la medición de la reducción de las emisiones de carbono, una taxonomía social tendría que sustentarse en normas internacionales acordadas y en medidas de progreso más difíciles de cuantificar.

En resumen, es más difícil medir el impacto social que el impacto medioambiental, y aún más conseguir que los políticos de los países de la Unión Europea se pongan de acuerdo sobre qué medidas sociales deben ser prioritarias. Como dice Hugo Gallagher, asesor político de Eurosif, la taxonomía social se puede convertir en algo muy polémico desde el punto de vista político.

Para los inversores interesados en realizar inversiones sostenibles con un carácter social, tratando de navegar por el cambiante entorno normativo, el hecho de que la Unión Europea haya dejado en un segundo plano la taxonomía social implica que sus inversiones no estarán respaldadas por un marco normativo claro, aumenta, por tanto, los potenciales riesgos de impostura ecológica (greenwashing) y dificulta el avance de los mercados financieros hacia un futuro más sostenible y resiliente.

Las finanzas sostenibles pretenden conseguir que las inversiones financieras tengan en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza al elegir su destino. Se ha avanzado en el primero de esos criterios, pero se evidencian retrasos en los otros dos. Cualquier observador deduce la fuerte implicación mutua de los tres entre sí y la dificultad de que se consigan los fines últimos sin un desarrollo armónico de esos tres pilares.

Últimas noticias (ver todas)

La nueva figura de la ERIR en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión

Gloria Hernández Aler, socia

11-09-2023

Gloria Hernández Aler, socia de finReg360, firma esta tribuna en Legal Today en la que analiza la nueva figura de la ERIR en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

En Legal Today el 08-09-2023 | finReg

El GAFI insta al cumplimiento de sus recomendaciones para evitar el uso fraudulento de los activos virtuales

finReg360

11-09-2023

Según adelantan desde finReg360, el GAFI y el Grupo de Contacto de Activos Virtuales seguirán con sus actividades de divulgación y asistencia a jurisdicciones con escasa capacidad para fomentar el cumplimiento de sus recomendaciones.

En Funds Society el 29-08-2023

¿Qué son las retrocesiones en los fondos de inversión y por qué debe de conocerlas?

finReg360

11-09-2023

Como se observa en un documento de finReg360, otro de los cambios introducidos por MiFID II ha sido un cambio en los modelos de distribución con la figura de asesoramiento, y que, de momento, permite mantener esas retrocesiones, aunque están en el centro de debate desde el año pasado cuando miembros del Parlamento Europeo propusieron una modificación a MiFID II para prohibir los incentivos en los servicios de asesoramiento financiero.

En Estrategias de Inversión el 11-08-2023