La taxonomía social tendrá que esperar

Publicado en Invertia el 08-12-2022

08-12-2022 — CM/2022/091

La sostenibilidad es, hoy, uno de los pilares de actuación de la Unión Europea, sobre todo en el ámbito financiero, en el que nunca habíamos observado una tendencia con un desarrollo tan rápido y un calado tan estructural como la normativa de finanzas sostenibles.

En este conjunto normativo, juega un papel fundamental la taxonomía para la sostenibilidad —especie de inventario de las actividades calificadas como sostenibles—, que se desarrolla en el Reglamento (UE) 2020/852.

Se concibió como una herramienta que facilitaría la inversión sostenible al identificar y definir, mediante el uso de criterios científicos, esas actividades, y su objetivo no es otro que proporcionar a las empresas, a los inversores y a los reguladores un “diccionario” único de actividades económicas sostenibles.

No obstante, hoy, la taxonomía cubre solo objetivos ambientales, y abarca dos de sus seis objetivos relacionados con el cambio climático, por lo que es previsible que se continúe desarrollando para contemplar los cuatro restantes —ya bastante retrasados— y para extenderla a la taxonomía social. En esta, ya se había visto algunos progresos, pero su tramitación ahora parece quedar en un segundo plano, como ha señalado Vincent Ingham, director de regulación de la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA), quién añade que la Comisión Europea «no ha adoptado una posición oficial», pero «parece que no darán prioridad a la taxonomía social» y que no habrá ningún movimiento durante varios años.

En respuesta a las preguntas sobre el estado de la taxonomía social, una portavoz dijo que la Comisión Europea publicaría un informe sobre las ventajas de ampliar la taxonomía para cubrir las cuestiones sociales «a su debido tiempo», y que mientras tanto «seguiría llevando a cabo otras iniciativas políticas que promuevan las inversiones con un impacto social positivo».

La Comisión Europea no ha confirmado oficialmente la medida, pero parece que las dificultades para acordar un marco conceptual y un sistema de medición que funcionen en la Unión Europea y en el resto del mundo han conllevado que deje de ser una prioridad en la agenda legislativa de la Unión Europea.

En este sentido, Bianca Polidoro, directora de políticas y asociaciones de la Unión Europea en la European Venture Philanthropy Association y miembro del Grupo de Expertos en Economía Social y Empresas Sociales de la Comisión Europea, ha señalado, en declaraciones a Impact Investor, que parecía haber una falta de voluntad dentro de la Comisión para impulsar la creación de un sistema de clasificación y que «necesitamos más coordinación entre las diferentes Direcciones Generales a nivel de la Comisión Europea para avanzar en una taxonomía social».

Uno de los principales escollos para avanzar es que, mientras que los objetivos y criterios medioambientales pueden basarse en datos empíricos, como la medición de la reducción de las emisiones de carbono, una taxonomía social tendría que sustentarse en normas internacionales acordadas y en medidas de progreso más difíciles de cuantificar.

En resumen, es más difícil medir el impacto social que el impacto medioambiental, y aún más conseguir que los políticos de los países de la Unión Europea se pongan de acuerdo sobre qué medidas sociales deben ser prioritarias. Como dice Hugo Gallagher, asesor político de Eurosif, la taxonomía social se puede convertir en algo muy polémico desde el punto de vista político.

Para los inversores interesados en realizar inversiones sostenibles con un carácter social, tratando de navegar por el cambiante entorno normativo, el hecho de que la Unión Europea haya dejado en un segundo plano la taxonomía social implica que sus inversiones no estarán respaldadas por un marco normativo claro, aumenta, por tanto, los potenciales riesgos de impostura ecológica (greenwashing) y dificulta el avance de los mercados financieros hacia un futuro más sostenible y resiliente.

Las finanzas sostenibles pretenden conseguir que las inversiones financieras tengan en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza al elegir su destino. Se ha avanzado en el primero de esos criterios, pero se evidencian retrasos en los otros dos. Cualquier observador deduce la fuerte implicación mutua de los tres entre sí y la dificultad de que se consigan los fines últimos sin un desarrollo armónico de esos tres pilares.

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