Los retos de la sostenibilidad en la inversión alternativa

La sostenibilidad es hoy uno de los pilares de la actuación legislativa de la Unión Europea, sobre todo en el ámbito financiero. Nunca habíamos observado una tendencia con un desarrollo normativo tan rápido y de un calado tan estructural para las entidades financieras como ha tenido la normativa sobre finanzas sostenibles.

El objetivo último de este paquete normativo es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Para ello, la normativa recoge obligaciones específicas para los inversores institucionales (asset owners) y los gestores de activos (asset managers) sobre la base de su responsabilidad fiduciaria de actuar en el mejor interés de los inversores finales o beneficiarios.

La regulación exige de forma explícita que los gestores de activos, por un lado, integren las consideraciones de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión y, por otro, que aumenten la transparencia respecto a los inversores finales sobre los productos sostenibles.

Por eso, la inversión responsable y sostenible, tanto en activos líquidos como en alternativos, está cobrando una creciente importancia y las métricas ambientales, sociales y de gobernanza (conocidas por sus siglas ASG) se están convirtiendo rápidamente en indicadores clave del rendimiento de las inversiones.

Incorporar la sostenibilidad en las decisiones de inversión es un factor crucial que los gestores de activos de inversión alternativa deben considerar al gestionar sus vehículos, en medio de la creciente presión de los inversores y de la normativa.

Como muestra de esta presión, desde el 1 de agosto de 2022, el Reglamento Delegado (UE) 2021/1255, que modifica la DGFIA¹ (o AIFMD, en siglas inglesas) exige que todos los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) integren los riesgos de sostenibilidad en su actividad, lo que, ya en sí mismo, les supone un reto adicional.

Y es que, si la sostenibilidad se ha convertido en un desafío en el mundo de los activos cotizados, la ausencia de información ASG disponible y de métricas o criterios de valoración adaptados a la tipología de compañías en las que invierten hacen que el cumplimiento de las nuevas obligaciones de sostenibilidad en los mercados privados sea, todavía más, un auténtico interrogante.

La integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión: el paso de la transparencia a la obligatoriedad para los gestores de inversión alternativa

La primera obligación que hay que considerar cuando hablamos de sostenibilidad es la de integrar estos riesgos en la gestión de los fondos.

¿Qué se entiende por “riesgo de sostenibilidad” y qué quiere decir “integrar” estos riesgos en la gestión de los vehículos de inversión? En primer lugar, el “riesgo de sostenibilidad” es, según la definición normativa, “todo acontecimiento o condición medioambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría causar un impacto negativo material real o potencial en el valor de la inversión”. En segundo lugar, la “integración o consideración de los riesgos de sostenibilidad” en la gestión de activos podría definirse como el proceso por el cual se analiza información sobre cuestiones ASG que pueden afectar a las inversiones y se identifican y valoran los riesgos de invertir en un determinado activo.

Es relevante, por otra parte, tener claro que el mero hecho de que un gestor considere los riesgos de sostenibilidad no convierte su vehículo en un “producto sostenible”, pues, para ello, además, han de cumplirse otros requisitos relacionados con la promoción de características medioambientales o sociales o de inversión en actividades consideradas sostenibles.

Sobre la base de lo anterior, el reglamento de divulgación (también conocido como SFDR, por sus siglas en inglés), en vigor desde el 10 de marzo de 2021, obligaba a los gestores de activos solo a informar a los inversores sobre si la entidad integra o no los riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión.

Pero, como se ha dicho, desde agosto del año pasado, la modificación de la DGFIA obliga a estos gestores a considerar los riesgos de sostenibilidad en su procedimiento de selección de inversiones y en su estructura organizativa, y a mantener los recursos y conocimientos necesarios para lograr la integración efectiva de esos riesgos. Además, la alta dirección es la responsable de la correcta integración de los riesgos de sostenibilidad en la entidad.

En suma, los gestores de vehículos de inversión alternativa, obligatoriamente, tienen que considerar los riesgos de sostenibilidad. Y para ello, necesitan contar con información adecuada y suficiente sobre las cuestiones ASG que afectan a sus inversiones.

Los gestores de activos tradicionales normalmente obtienen esos datos de un proveedor de datos ASG o de información pública disponible, pero, en la inversión alternativa, en la que las compañías son mayoritariamente privadas, sus gestores se encuentran con que apenas existe información no financiera y que las metodologías utilizadas son diversas y poco estandarizadas. ¿Qué opciones tienen entonces estos gestores?

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Para el capital privado y la gestión alternativa, la sostenibilidad está dejando de ser una cuestión de cumplimiento normativo para ser parte arte fundamental de la estrategia corporativa y de inversión

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Las opciones varían dependiendo de cada gestor, de su estrategia de inversión y de la tipología de activos en los que invierte, si bien casi todas se basan en obtener información directamente de sus procesos de due diligence e incorporarla a sus modelos de valoración. Así, a las cuestiones financieras más tradicionales, se incorporan otras preguntas específicas, como: ¿cuenta la entidad con una política medioambiental?, ¿ha implementado medidas para proteger la seguridad y salud de los empleados o la diversidad y la igualdad de oportunidades?, ¿dispone de un código ético o de gobernanza?

La metodología suele variar en función de distintas variables, como si la inversión se hace en equity o por medio de deuda, o si se materializa directamente en las compañías o a través de vehículos. Si la inversión es directa, la información se refiere a las propias compañías, mientras que, si se invierte a través de fondos, lo habitual es que los datos se recaben sobre el proceso de inversión.

Además, es frecuente que la relevancia que el gestor asigna a los bloques (ambiental, social y de gobernanza) varíe según el sector en el que opere la compañía, de tal manera que las cuestiones sociales y de gobernanza suelen tener un peso muy elevado en compañías de carácter tecnológico o financiero, mientras que el factor ambiental suele predominar en compañías del sector energético o de activos inmobiliarios.

Con independencia de los recursos y herramientas que las gestoras de vehículos alternativos tienen que incorporar a sus procesos de inversión para integrar los riesgos de sostenibilidad, no hay duda de que la consideración de cuestiones ASG se está convirtiendo en una palanca importante para que los vehículos de inversión alternativa creen valor y detecten no solo riesgos, sino también importantes oportunidades de inversión.

En otras palabras, también en el mundo del capital privado y la gestión alternativa, la sostenibilidad está dejando de ser una cuestión solo vinculada al cumplimiento normativo y a temas reputacionales para ser parte fundamental de la estrategia corporativa y de inversión.

Hacia los productos sostenibles: una transición más lenta pero no menos relevante

Según el estudio anual de Spainsif, la inversión en fondos con criterios ASG ha alcanzado los 379.618 millones de euros gestionados en España durante 2021, que supone un incremento del 10 % respecto a 2020, y hoy mantiene un equilibrio en su cuota de mercado (51 %) con la tradicional.

Esta transición ha sido algo más lenta en la inversión alternativa, en la que, como se ha dicho, la dificultad de obtener información sobre cuestiones ASG de los activos en los que se invierte ha complicado el lanzamiento a gran escala de este tipo de productos.

Además, los requerimientos normativos para los productos sostenibles son cada vez más exigentes y no siempre encajan con la tipología de activos o de estrategias de la inversión alternativa.

Baste decir sobre estas exigencias que el detalle informativo que ha de incorporarse en los llamados “anexos de sostenibilidad” de los productos es tan exhaustivo que en muchas ocasiones resulta muy complicado para los gestores recoger su estrategia de inversión sostenible de forma que pueda dar respuesta a los requerimientos normativos y a los criterios de los reguladores. Además, los conceptos de “promoción de características medioambientales o sociales” o de “objetivos de inversión sostenible” no están definidos en la normativa aplicable y, en la práctica, los reguladores los asocian a estrategias de inversión propias de activos cotizados, como las estrategias “best-in-class” o “best-in-universe” en el caso de productos del artículo 8 del reglamento de divulgación (SFDR), o a la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas (los famosos ODS) en el caso de los productos del artículo 9.

A pesar de estas complicaciones, en los últimos meses, se observa que la transformación sostenible ha llegado también a la gestión alternativa. Ejemplo de ello es el incremento de gestores que han suscrito los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI), iniciativa referente de la gestión de inversiones en el último año.

En lo que respecta a las estrategias de inversión sostenible que se siguen en este tipo de productos, hay una diferencia importante entre productos del artículo 8 del SFDR (productos que promueven características medioambientales o sociales) y productos del artículo 9 (con objetivos de inversión sostenible).

En el primer caso, es habitual que los gestores de inversión alternativa entren en compañías que vayan mejorando progresivamente sus prácticas de sostenibilidad y que esto se mida con indicadores acordados entre el gestor y la compañía participada. Además, la implicación a largo plazo o engagement permite que el gestor realice un seguimiento detallado de la evolución de la compañía en cuestiones ASG y pueda llegar a intervenir en su marcha  en determinados casos. Por otro lado, los productos del artículo 9 se limitan a inversiones más temáticas o “inversión de impacto” como se ha llamado tradicionalmente, centrada sobre todo en megatendencias como cambio climático, escasez de recursos, envejecimiento poblacional, etc.

En la práctica y a pesar de que la inversión alternativa encaja mejor con el concepto de inversión con objetivo sostenible o inversión de impacto, como en infraestructuras u otros activos reales, además de la orientación a largo plazo de las inversiones o la capacidad de influencia del gestor en las compañías, común a ambas tipologías de productos, la realidad es que la cuota de mercado de los productos del artículo 9 es muy reducida por las exigencias normativa vinculadas al concepto de “inversión sostenible”.

En ambos casos, aún queda un largo camino por recorrer en aspectos como la información disponible o el traslado de las exigencias normativas a la inversión alternativa.

Sea como fuere, encajen en un artículo u otro de la normativa, lo cierto es que la inversión alternativa ha de afrontar el notable esfuerzo de adaptarse a los criterios de sostenibilidad, a pesar de las dificultades, pero también será capaz de encontrar las oportunidades importantes para su negocio en este nuevo enfoque.