Pagos agénticos: cuando quien paga es un agente de IA

Ibas con prisa. Tenías que preparar el viaje a Marbella para el día siguiente. Encargaste al agente especializado de tu plataforma de IA (inteligencia artificial) que contratara lo necesario para el viaje (taxis, vuelo, alquiler de coche). El agente tiene los datos de tu tarjeta de crédito. Cuando ves en el buzón de entrada de tu correo los billetes y justificantes, te percatas de que ha contratado y pagado los vuelos… a Marsella. ¿Qué hacer ahora?

La regulación histórica de los pagos bancarios y, desde hace dos décadas, de los servicios de pago, partía de una premisa: detrás de cada orden de pago hay una persona que decide. Pero, desde los primeros meses de este año, los pagos agénticos (del inglés, «agentic payments«) han pasado del concepto a las transacciones reales:  un agente de inteligencia artificial busca, compara, elige y paga con una intervención humana mínima.

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No hay normas específicas para estos pagos agénticos: se aplica la directiva de servicios de pago … Pero lo importante es entender qué hace realmente el agente

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En marzo de 2026, Banco Santander y Mastercard completaron el primer pago real de un agente de inteligencia artificial en Europa. En junio, Worldline, ING y Mastercard anunciaron otra operación entre una tarjeta y un comercio. El sector estaba dando respuestas técnicas a preguntas que son, en buena medida, jurídicas.

La pregunta no es si esto está permitido, porque está ocurriendo y no irá a menos, sino cómo encaja en la normativa vigente y en la operatoria actual o cómo se ajusta esta, cómo se articulan consentimiento, responsabilidad, identidad y controles; en definitiva, quién responde cuando algo sale mal.

No hay normas específicas para estos pagos agénticos: se aplica la directiva de servicios de pago, incorporada al derecho español con el Real Decreto-ley 19/2018. Pero lo importante es entender qué hace realmente el agente: si presta un servicio de pago, si llega a tener el dinero del cliente y cómo se acredita que el cliente dio su permiso o si simplemente es un ayudante del titular de la tarjeta o de la cuenta.

La respuesta cambia según el modelo. Si el agente se limita a usar una versión segura de la tarjeta del cliente que facilita el propio banco y nunca toca el saldo de una cuenta, lo más razonable es considerarlo un proveedor tecnológico que no necesita licencia de pagos. Aquí se aplicarían otras consideraciones sobre inteligencia artificial y su uso en sector financiero, pero, a priori, no estaría sometido a la normativa de servicios de pago. Sin embargo, si da órdenes de pago directamente desde la cuenta bancaria del cliente, presta un servicio de pago regulado y necesita autorización.

En los pagos por internet, la entidad exige al cliente que acredite su identidad con dos elementos, por ejemplo, una contraseña y un código en el móvil. Esta autenticación reforzada se pensó para personas, no para programas. En este aspecto, el momento clave no es cada compra, sino el que recoja el permiso del cliente al agente para comprar por él. Salvando las distancias, podría ser similar a una transferencia periódica o a la domiciliación de un adeudo.

Las normas actuales permiten no exigir la autenticación en algunos casos, como los pagos a comercios de confianza, los de poco importe, los de bajo riesgo o los cargos iniciados por el propio comercio. Ninguna de estas excepciones se diseñó pensando en agentes de IA. Usarlas de forma forzada resulta arriesgado: si se aplican mal, la entidad puede acabar asumiendo el coste de un fraude.

Lo prudente es tratar esa autorización como un encargo con límites claros (comercios, importes, frecuencia, duración y forma de cancelarlo) y guardar prueba de todo ello.

Una cuestión relevante es qué ocurre cuando el agente compra algo que el cliente no deseaba. Si una tarjeta se utiliza sin consentimiento de su titular, la entidad debe devolver el importe de inmediato, incluso si aprecia negligencia grave del cliente, como acaba de confirmar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, cuando el cliente ha autorizado previamente al agente para comprar en su nombre, lo más probable es que la operación se considere autorizada, aunque el resultado no sea el esperado; es como si el propio ordenante erra en su orden.

Además, corresponde a la entidad demostrar que el pago se autenticó y registró correctamente. Sin un registro completo de la autorización y de las actuaciones del agente, esa prueba resultará muy difícil.

La futura normativa europea de pagos, pendiente de publicación oficial y que previsiblemente no se aplicará hasta finales de 2028, no contiene reglas concretas para agentes de IA, pero sí incide en piezas esenciales de estos modelos: a) exige autenticación reforzada para crear, modificar o sustituir instrumentos de pago tokenizados; b) restringe la excepción que permite a ciertos intermediarios comerciales operar sin licencia; y c) introduce la responsabilidad directa de los proveedores tecnológicos y de los esquemas de pago cuando un fallo suyo, por ejemplo, en la autenticación, causa un perjuicio.

Sigue sin resolverse, en cambio, cómo debe validarse el consentimiento cuando quien decide la compra es un agente y este caiga en el phishing (como en el caso sentenciado por el TJUE para fijar doctrina sobre la devolución de operaciones no autorizadas), o lo manipule un jáquer. Es previsible que la respuesta llegue de normas técnicas y directrices sobre los servicios de pago, pero también sobre la resiliencia operativa digital, por los proveedores tecnológicos, y sobre el crédito al consumo si el agente contrata un pago aplazado.

En definitiva, las entidades no deben esperar a una regulación específica para prepararse, porque esta es una realidad que ya está aquí. Conviene que analicen en cada modelo qué papel desempeña cada interviniente, que revisen si las excepciones a la autenticación reforzada en las que se apoyan son defendibles y que reflejen en sus contratos con proveedores tecnológicos y comercios cómo se reparte la responsabilidad.