Una estrategia basada en la ética digital

El pasado 13 de marzo, el Parlamento Europeo aprobaba la Ley de Inteligencia Artificial¹, un importante hito en el proceso legislativo de este reglamento cuya promulgación es inminente. Esta norma busca promover una IA centrada en el ser humano y digna de confianza, asegurando un alto nivel de protección de los derechos fundamentales. En este punto, muchas entidades han enfocado la implantación de tecnología dándose cuenta de la trascendencia de alinear sus planes de negocio con las premisas de construir sus procesos y productos digitales basándose en el respeto a las personas. Otras, sin embargo, ni se lo plantean. Estas últimas todavía están a tiempo de reaccionar o, de lo contrario, acabarán desapareciendo del ecosistema digital.

El salto de los avances tecnológicos en inteligencia artificial es disruptivo, pero podríamos sintetizarlos en dos: procesos más eficientes y menores costes. Por otro lado, hay un factor necesario para que todos estos sistemas puedan mantenerse en el tiempo y gozar de confianza robusta: tienen que estar construidos desde un punto de vista tecnológicamente preciso y con unas premisas éticas inquebrantables.

Estamos leyendo muchas opiniones sobre el freno a la innovación que supone la regulación en la Unión Europea de los modelos fundacionales. No tengo muy claro el grado de acierto de esas afirmaciones, pero de lo que sí que estoy convencida es que, debido a la potencialidad de la IA, la única manera de que todos estos “sistemas inteligentes” generen los beneficios pretendidos es aplicando un juicio democrático sobre ellos, supervisando su funcionamiento y validando su servicio del bien común, desde los pilares de la licitud, la transparencia y el control por las personas.

Desde una perspectiva empresarial miope, la “estrategia de territorio comanche” en IA puede generar beneficios inmediatos a corto plazo, pero será la que más coste genere. La pérdida de la confianza de sus clientes hará que los que quieran mantenerse a flote tengan que reinvertir en modificar todos los procesos y los productos para que, desde el diseño de estos, se tengan en cuenta los requisitos necesarios para respetar a las personas y poder contar con un sistema tecnológico fiable. Esto implica ser transparente con el uso de los datos y con las decisiones empresariales basadas en la explotación de esta información.

En los últimos años hemos presenciado una actividad regulatoria sin precedentes en el ámbito del derecho tecnológico. Esto incluye el Reglamento General de Protección de Datos, así como normas sobre servicios digitales, mercados digitales, datos y gobernanza de datos, comercio electrónico, ciberseguridad, regulación de la inteligencia artificial y de la identidad digital. Además, en el sector financiero, se han introducido directivas sobre servicios de pago y reglamentos relacionados con el acceso a datos financieros y la resiliencia operativa digital.

Todas estas normativas tienen tres denominadores comunes: el primero, facilitar el intercambio de datos para su reutilización y maximizar los beneficios de los sistemas tecnológicos, para generar así propuestas más competitivas. En segundo lugar, que las personas puedan no solo conocer en detalle todo el proceso, sino que, además, puedan tener un control real sobre él. Y, finalmente, que estos procesos se ejecuten en un entorno seguro.

La implementación de una estrategia de ética digital requerirá un cambio de mentalidad en todas las áreas, desde el consejo de administración hasta el servicio de atención al cliente. De tal manera que se conozcan e integren en las funciones de su día a día unos principios éticos basados en la solidez técnica, la supervisión, la transparencia, la gestión de la privacidad y la no discriminación. Para alcanzar estos objetivos, será imprescindible establecer un marco ético y de privacidad desde la fase de diseño, acompañado de estrategias de implementación interna y de comunicación externa de estos principios.

Integrar la ética digital en los procesos de la compañía no es solo una cuestión regulatoria, ahora exigida por la Ley de Inteligencia Artificial, sino también una oportunidad para anticiparse y posicionarse en niveles de excelencia en la relación con los clientes y en el liderazgo del mercado digital.