La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publica el análisis de riesgos de personas jurídicas

03-11-2026 — AR/2026/107

El documento analiza entidades mercantiles y no mercantiles, como estructuras jurídicas nacionales y extranjeras, para identificar los factores que pueden facilitar su utilización para actividades ilícitas.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha preparado el «Análisis sectorial de personas y estructuras jurídicas» de 2026, que:

  • evalúa las principales amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo detectados en España y asociados a los tipos de personas y estructuras jurídicas, con o sin ánimo de lucro, y
  • complementa la evaluación de los riesgos asociados a las personas jurídicas en el «Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo», del que informamos en nuestra alerta asociada al margen, y
  • sigue las Recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Resumimos los aspectos principales de este documento.

Principales aspectos que destacar

El análisis destaca las siguientes cuestiones en relación con la evolución de los riesgos asociados a personas y entidades jurídicas:1

  1. Mayor exposición al riesgo de determinadas sociedades limitadas:
    • Especialmente las estructuras de propiedad complejas, las de carácter patrimonial o con vínculos con jurisdicciones de riesgo.
    • El informe identifica niveles de riesgo inherente altos o sustanciales para estas sociedades y especialmente las que presentan alguna de las siguientes circunstancias:
      • irregulares,
      • con NIF revocado,
      • patrimoniales,
      • inactivas,
      • con estructuras de participación complejas,
      • con socios personas residentes o domiciliados en territorios de riesgo, y
      • con socios personas jurídicas domiciliados en territorios de riesgo vinculados a opacidad.
  2. Riesgos asociados a personas y estructuras jurídicas extranjeras:
    • En particular, las constituidas en jurisdicciones con menores niveles de transparencia o que presentan dificultades para identificar a sus titulares reales y determinar el control efectivo.
  1. Vulnerabilidades sobre transparencia societaria:
    • En concreto:
      • sociedades inactivas o incumplidoras,
      • uso de intermediarios,
      • complejidad de las estructuras de propiedad, y
      • dificultades para acceder a información actualizada sobre titularidad real y actividad económica.
  2. Diferencias de riesgo entre tipologías jurídicas:
    • El análisis identifica menor exposición relativa de las cooperativas, las agrupaciones de interés económico y las sociedades laborales.

Conclusiones

El análisis concluye que, tras considerar las medidas de mitigación existentes, el riesgo residual se mantiene:

  1. alto, para las personas jurídicas extranjeras,
  2. sustancial, para las sociedades limitadas españolas, y
  3. medio, para las estructuras jurídicas extranjeras, si bien los niveles concretos dependen de las características de cada tipología.

Importancia para los procedimientos de control interno

Este análisis resulta relevante para:

  1. elaborar y actualizar el informe de autoevaluación del riesgo y los procedimientos de control interno de las personas obligadas:
    • procedimientos de clasificación de clientes,
    • identificación de la titularidad real, y
    • aplicación de medidas de diligencia debida, y
  2. servir de referencia para orientar la supervisión hacia las entidades y personas jurídicas que presentan un mayor riesgo inherente.

1 El documento analiza las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades colectivas, sociedades comanditarias simples, sociedades comanditarias por acciones, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico, sociedades de garantía recíproca, sociedades laborales, joint ventures de naturaleza societaria, fundaciones, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales, entidades religiosas, fiducias, herencias yacentes, joint ventures de naturaleza contractual, uniones temporales de empresas, comunidades de propietarios, comunidades de bienes, personas jurídicas extranjeras que operan en España, trusts y otras estructuras jurídicas extranjeras que operan en España.