La era pos-MiFID II en España: ¿impulso de la distribución de fondos?

Tras cinco años de aplicación de la MiFID II, y a pesar de que reguladores y supervisores no han dado tregua a las entidades con constantes cambios normativos y de criterios de inspección, podemos decir que, pese a todo, los fondos de inversión se han consolidado como una de las preferencias de los inversores españoles para canalizar su ahorro.

A diferencia de otros países, en España, salvo contados casos y para segmentos de rentas altas, no se ha transformado el modelo de ingresos por la distribución de fondos de inversión. La principal vía de remuneración de las distribuidoras sigue siendo el cobro de comisiones de las gestoras (las retrocesiones), que impulsan a aquellas a contar con clases de fondos que se adapten a los distintos servicios, sin que esos ingresos se perciban por los clientes como una falta de independencia.

Además, no ha sido obstáculo para la profunda evolución que ha desarrollado la distribución de fondos de inversión en España, que parecía difícil de conseguir cuando nos planteábamos cómo adaptarnos a MiFID II, sobre todo por las trabas que imponía la normativa a la percepción de incentivos y a la transformación de los modelos de negocio.

A pesar de todo esto, de nuevo nuestros legisladores en Europa se plantean otra vuelta de tuerca a las retrocesiones y que el cliente sea el que pague el servicio de forma explícita. Esto supondría una profunda revisión de los modelos de distribución en España y la necesidad por parte de las entidades gestoras de volver a revisar su gama de productos para adaptarla a los mismos, en un momento en el que los clientes no lo demandan expresamente y no parece que vaya a redundar en una mejora de los servicios.

Gracias a los grandes esfuerzos acometidos por las entidades distribuidoras y gestoras de fondos de inversión, se ha constatado una profesionalización de los servicios de distribución de estos instrumentos financieros, una mejora en la transparencia, en las herramientas y en la información con la que cuentan los inversores para tomar decisiones de inversión más ajustadas a sus necesidades y una mayor oferta de productos, que redundan, en definitiva, en un mejor servicio para los clientes.

Pero ¿cuáles han sido las claves que están impulsando la inversión en activos gestionados en España? Son las siguientes, en nuestra opinión:

Una) La profesionalización de la labor de distribución: las entidades se han esforzado enormemente para mejorar los conocimientos y las competencias de los empleados que informan o asesoran a los potenciales inversores. En España, a diferencia de otros países, no se exigía a las entidades controlar estos aspectos.

Gracias a la autoridad de supervisión, desde el primer momento, se impulsó contar con certificaciones y evaluaciones de estos aspectos de formadores y certificadores de primer nivel, que facilitaran a las entidades evaluar a sus empleados y asegurar una mejor cualificación para atender a los inversores.

Dos) La transición hacia modelos de asesoramiento accesibles para todo tipo de inversores: uno de los profundos cambios en la distribución de fondos de inversión en España ha sido la evolución desde modelos de comercialización en los que los clientes, con independencia de sus conocimientos, experiencia o situación financiera, tomaban sus propias decisiones de inversión sin estar guiados por expertos, a modelos de asesoramiento o incluso gestión de carteras, más comunes en segmentos de clientes con patrimonios más elevados, en los que son las entidades las que ofrecen a los clientes las inversiones que más se ajustan a sus necesidades y a sus perfiles de riesgo.

Tres) El acceso a una mayor gama de productos: probablemente el gran cambio en España, donde los principales distribuidores de fondos siguen siendo las entidades de crédito, que cuentan en sus grupos con sus propias gestoras y que tradicionalmente limitaban la ofertas a sus propios fondos de inversión, ha sido desplegar una mayor oferta de productos de terceros a todo tipo de clientes.

Al ampliar los servicios de asesoramiento a todos sus clientes con independencia del segmento al que se asignen y poner a su disposición nuevas herramientas de contratación a través de nuevos canales —internet, app—, el acceso a una amplia gama de fondos de inversión es una realidad para cualquier inversor español. Ya no es necesario que lo consideren de renta elevada o acudir a distribuidores independientes para invertir en cualquiera de estos productos.

Cuatro) El impulso de los servicios de gestión de carteras: como el asesoramiento, otro de los servicios por los que principalmente se está canalizando la inversión en fondos es la gestión de carteras. La mejora evidente de este servicio, propiciada sobre todo por la evolución tecnológica y la ampliación de la gama de productos, ha logrado que sea uno de los preferidos por los clientes que quieren delegar en las entidades sus decisiones de inversión.

Al contar ahora las entidades con herramientas que ofrecen carteras modelo, que cubren las diversas preferencias de los clientes, con independencia del patrimonio invertido o su perfil de riesgo, este servicio se está consolidando con uno de los preferentes para los inversores.

Todos estos cambios y mejoras han sido posibles gracias al gran esfuerzo de las entidades que prestan servicios de inversión, que han tenido que adaptarse a la normativa y a los avances tecnológicos en muy poco tiempo, y a las entidades gestoras, que han tenido que adaptar su gama de productos a estos nuevos modelos de distribución.

Nos planteamos ahora si estos esfuerzos son suficientes o se producirán cambios normativos que exijan reabrir el debate de la distribución de fondos de inversión.

Y decimos esto porque una de las grandes preocupaciones de los reguladores era la percepción de incentivos y la falta de transparencia, tema que se debería haber superado al contar ahora los inversores con una mejora notable en los servicios de distribución y con información suficiente sobre los ingresos que perciben las entidades por la distribución, que evidencian que ese hecho no supone un rechazo para los clientes, sino, al contrario, un aumento en la inversión de este tipo de productos.

Pero lejos de entender que estaba superado, los legisladores tienen delante una nueva propuesta de reforma de MiFID II que pretende volver a abordar estos asuntos, considerando incluso la prohibición total de la percepción de incentivos con independencia del servicio o nivel de información a los clientes.

Esto tendría un efecto muy relevante en España, en la que los incentivos continúan siendo la principal vía de ingresos para la distribución de fondos de inversión, pues exige reabrir de nuevo todos los modelos de prestación de servicios e impone el pago explícito al cliente por la distribución, con las importantes consecuencias fiscales que esto puede plantear, sin que parezca una necesidad ni una reclamación de los inversores.

Una vez más, debemos estar muy pendiente de la evolución normativa durante los próximos meses.