El Gobierno hace público el anteproyecto de ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión

29-07-2022 — AR/2022/094

El anteproyecto incluye modificaciones  para mejorar la protección de los inversores y modernizar los mercados de valores, e incorpora las últimas normas de la Unión Europea. Estamos elaborando un resumen detallado de este anteproyecto.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado el anteproyecto de ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión aprobado por el Consejo de Ministros el 27-6-2022.

Como adelantamos en la alerta relacionada al margen, la ley tiene el objetivo principal de modernizar los mercados de valores e incluye, entre otras, medidas para mejorar:

  • la capacidad de los mercados de valores para financiar a las empresas españolas, y
  • la protección de los inversores.

Entre otras modificaciones, este anteproyecto incluye:

  1. las disposiciones necesarias para permitir que cualquier instrumento financiero pueda representarse utilizando la tecnología de registros distribuidos (conocida por las siglas TRD o DLT, siglas inglesas de distributed ledger technology), y
  2. las modificaciones aprobadas en la directiva conocida como «Quick Fix» de MiFID II,1 y elimina así las cargas administrativas creadas por las normas sobre documentación y divulgación de información que no se ven compensadas con un aumento de la protección al inversor, con el resultado de:
    • una simplificación de obligaciones de información dirigidas a clientes profesionales, y
    • un ajuste en la limitación de las posiciones en determinados derivados.

Estamos elaborando un resumen más detallado de este anteproyecto, que pondremos a su disposición lo antes posible.


1 Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento y del Consejo, de 16 de febrero de 2021, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las empresas de servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19.