La EBA publica el informe final de sus directrices de gobierno interno

16-11-2026 — AR/2026/115

La revisión adapta las directrices de gobierno interno a las novedades introducidas por la CRD VI, incorpora nuevos requisitos sobre la distribución de responsabilidades y la gobernanza de las sucursales de terceros países, y simplifica determinadas obligaciones para reducir las cargas de cumplimiento de las entidades.

La Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA, en siglas inglesas) ha publicado, el 5-11-2026, las directrices finales revisadas sobre gobierno interno (EBA/GL/2026/10), que sustituirán a las directrices EBA/GL/2021/05, de 2-7-2021.

Estas nuevas directrices, puestas a consulta en agosto de 2025, tienen en cuenta:

  • la Directiva (UE) 2024/16191 (conocida por las siglas CRD VI), que modifica la Directiva 2013/36/UE2 (CRD), en especial en la distribución de responsabilidades y en los requisitos de gobierno interno de las sucursales de países de fuera de la UE;
  • el Reglamento (UE) 2022/25543 (conocido como reglamento DORA), sobre resiliencia operativa digital, y
  • las normativas y las prácticas supervisoras sobre gestión de riesgos, control interno, sostenibilidad y nuevas tecnologías.

Además, incorporan medidas de simplificación y proporcionalidad, para reducir cargas administrativas sin comprometer la eficacia de los mecanismos de gobierno interno, como:

  • aprovechar la documentación de gobierno disponible para elaborar el «mapa de responsabilidades» (que recoge cómo se distribuyen las funciones y deberes de gobierno) y las «declaraciones individuales» (documentos personalizados y firmados por cada miembro del órgano de administración, de la alta dirección y de los titulares de funciones clave, con sus roles y responsabilidades);
  • eliminar las disposiciones duplicadas, y
  • simplificar requisitos sobre diversidad e inclusión.

A continuación, resaltamos los aspectos más relevantes de estas directrices.

Ámbito de aplicación

Las directrices mantienen su aplicación a:

  • entidades de crédito, y
  • empresas de servicios de inversión sujetas al título VII de la CRD (artículo 1, apartados 2 y 5, del Reglamento (UE) 2019/20334 [IFR]), las excluidas del régimen simplificado,

y concreta cuándo se aplica a:

  • las sucursales de entidades de crédito de países de fuera de la UE, que atiende a la clasificación y al principio de proporcionalidad, y
  • las sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera, que hayan obtenido la aprobación correspondiente (artículo 21 bis de la CRD).

Contenido y novedades

Título I – Proporcionalidad

Las directrices:

  • mantienen los criterios para aplicar el principio de proporcionalidad en los mecanismos de gobierno interno: tamaño, organización, naturaleza y complejidad de sus actividades, y
  • añaden una clasificación de las sucursales de fuera de la UE, según los requisitos de gobierno interno que deban cumplir (separación de funciones en personas distintas, comité de gestión local o autorizaciones de la matriz), en clases 1 y 2.

Título II – Rol y composición del órgano de administración y sus comités

Entre las responsabilidades de las funciones ejecutivas y de supervisión, las directrices:

  • concretan las responsabilidades del órgano de administración en la supervisión de la resiliencia operativa digital, conforme al reglamento DORA;
  • precisan los requisitos sobre la composición y funcionamiento de los comités, teniendo en cuenta la importancia sistémica de las entidades y el principio de proporcionalidad, los conocimientos y capacidades exigibles a sus miembros, y
  • refuerzan la coordinación entre los comités de riesgos y de remuneraciones para incorporar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las políticas retributivas.

Título III – Sistema de gobierno

La novedad más relevante de estas nuevas directrices es el desarrollo de los requisitos sobre la distribución y documentación de las funciones y responsabilidades dentro de las entidades. En este sentido, las entidades tendrán que:

  • elaborar, mantener y actualizar un mapa de funciones y responsabilidades, que:
    • recoja las de los miembros del órgano de administración, la alta dirección y los titulares de las funciones clave, y
    • permita identificar las funciones asignadas, las líneas de dependencia y los posibles vacíos en la asignación de responsabilidades; y
  • poner esta documentación a disposición de las autoridades competentes, cuando estas la soliciten.

Para orientar estos requisitos:

  • incluyen un modelo voluntario de declaración individual de funciones y responsabilidades, e
  • incorporan un apartado específico sobre el gobierno interno de las sucursales de países de fuera de la UE, en el que se desarrollan, con el principio de proporcionalidad, aspectos como:
    • la necesidad de contar con al menos dos personas en el Estado miembro correspondiente que dirijan efectivamente las actividades de la sucursal;
    • los requisitos de estructura organizativa, control interno y gestión de riesgos;
    • la obligación de mantener recursos y capacidades necesarias para ser autorizadas, y
    • los requisitos para contratar servicios con otras entidades y para ciertas operaciones intragrupo.

Título IV – Cultura de riesgo y conducta empresarial

Sobre este aspecto, las directrices incluyen precisiones sobre puntos como los siguientes:

  1. Sobre conflictos de intereses:
    • Medidas específicas cuando un consejero delegado asume la presidencia del órgano de administración de la misma entidad, durante los dos años siguientes al cese de sus funciones ejecutivas, como identificar y mitigar los posibles conflictos con mecanismos como la abstención en determinadas deliberaciones o votaciones.
  2. Sobre igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión:
    • Referencias a la prevención de la discriminación y el acoso, el equilibrio de género en los comités de selección y la neutralidad de género en el acceso y duración de los permisos de maternidad y paternidad, y la reincorporación tras los permisos parentales.
  3. Sobre las funciones en entidades del grupo:
    • Medidas para identificar y gestionar conflictos de intereses cuando un consejero delegado desempeñe simultáneamente un cargo en el órgano de administración de otra entidad del mismo grupo en su función de supervisión.

Título V – Mecanismos y marco de control interno

En este apartado, las directrices actualizan requisitos sobre el control interno y las funciones de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna, para adaptarlos a los cambios normativos citados. Entre esos cambios, destacan los siguientes:

  • La integración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión de riesgos de las entidades, incluyendo la evaluación a corto y medio plazo y, en el largo plazo, al  menos diez años, conforme a CRD VI.
  • El refuerzo de garantías de independencia de las funciones de control interno y de las medidas para prevenir conflictos de intereses cuando un miembro del órgano de administración con funciones ejecutivas asuma también una función de control.
  • La necesidad de justificar y documentar la combinación de las funciones de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo, que tendría que estar respaldada por la naturaleza, dimensión y complejidad de las actividades de la entidad, cuando no se designen responsables separados para cada función.
  • La actualización de las referencias normativas en prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, con el Reglamento (UE) 2024/1624,5 y de las responsabilidades de los miembros del órgano de administración y de comunicación de las funciones encargadas de su cumplimiento.

Título VI – Gestión de la continuidad del negocio

Sobre este apartado, las directrices adaptan los requisitos a la normativa de resiliencia operativa digital, y, en concreto, refuerzan y detallan:

  • la coordinación de los planes de continuidad,
  • la integración de la función para gestionar las crisis tecnológicas en la de continuidad del negocio, y
  •  los mecanismos de supervisión y seguimiento.

Mantienen, asimismo, las obligaciones sobre los análisis de impacto y las pruebas periódicas.

Título VII – Transparencia

Por último, las directrices mantienen las obligaciones sobre:

  • la comunicación interna de las políticas y procedimientos de las entidades, y
  • la publicación de información sobre la estructura organizativa y los mecanismos de gobierno interno, cuando sea exigible a las empresas matrices conforme a la CRD.

Fecha de aplicación

Las nuevas directrices serán aplicables transcurridos dos meses desde la publicación en las lenguas oficiales de la Unión Europea, momento en el que quedarán derogadas las anteriores directrices EBA/GL/2021/05, del 2-7-2021.


1 Directiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
2 Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
3 Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 909/2014 y (UE) 2016/1011.
4 Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014.
5 Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.